Por Nahuel Maciel

José Nágera (vecino de Gualeguaychú y que fue reconocido como el primer geólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1915 -falleció en 1966), hizo estudios en el terreno por lo cual ahora se sabe que la provincia de Entre Ríos está atravesada por más de siete mil ríos, riachos y arroyos cuyas aguas superficiales no dependen del milagro de la lluvia.

Sin embargo, Entre Ríos sube a las primeras planas de los medios de comunicación masiva cuando se informa que padece el problema de la sequía de sus tierras, especialmente en el Sur provincial. A veces los titulares, también de manera periódica, subrayan el flagelo de las inundaciones y las crecientes. Otras, especialmente en el verano, porque el agua escasea en las ciudades. Y también cuando intereses privados se quieren apropiar de cauces de ríos condenando a padecimientos a ciudades como es el caso del barrio fluvial Amarras en Gualeguaychú y pese a las condenas dictadas desde hace años, la Justicia todavía no ha podido siquiera cumplir con sus sentencias.

Es la provincia de Entre Ríos una tierra bendecida con una vasta red hídrica que incluye ríos, arroyos, lagunas y humedales. Debería ser un ejemplo de gestión sostenible de los bienes y recursos hídricos. Sin embargo, el manejo del agua, comúnmente referido como “Oro Azul”, ha estado marcado por una serie de políticas fragmentadas y decisiones contradictorias que amenazan no solo la calidad y cantidad de este recurso vital, sino también el equilibrio ambiental de la región. Entre Ríos, a pesar de su bello nombre, es una provincia erosionada no solo por la persistencia de fenómenos naturales sino principalmente por el deterioro y la degradación que genera una política pública contradictoria y ajena al concepto de sustentabilidad.

Uno de los problemas más evidentes es la falta de coordinación entre los organismos del Estado que tienen injerencia sobre el manejo de los recursos hídricos. Las áreas gubernamentales responsables de la gestión del agua parecen operar de manera aislada, sin una visión compartida que permita una administración coherente. Un ejemplo emblemático de este desorden se da en la siguiente secuencia: Minería autoriza extraer arena del cauce de un arroyo o río; a su vez Hidráulica advierte que, si se profundiza ese curso de agua, aumentará la velocidad del agua y producirá erosión. Ambiente autoriza la deposición final del efluente de una fábrica a ese curso de agua; y aguas abajo, Obras Sanitarias autoriza la toma para el agua de un pueblo. Son áreas del Estado que tienen distintas funciones, pero todas tratan sobre el agua y ninguna sabe lo que está haciendo la otra. No es casual que la administración mayor del agua tenga rango de Dirección (Hidráulica), es decir, la cuarta categoría en el orden de decisión del Estado, debajo de una Subsecretaría, de una Secretaría y de un Ministerio.

Esta falta de sincronización no solo pone en riesgo el equilibrio ecológico, sino que también puede desencadenar desastres en las áreas ribereñas, erosionando tierras productivas y afectando a las poblaciones.

La multiplicidad de organismos involucrados -cada uno con competencias específicas sobre el agua- genera un entramado burocrático complejo donde los actores no dialogan ni comparten información crítica. El resultado es una gestión caótica que, lejos de proteger los recursos hídricos, los pone en peligro.

El problema de fondo radica en la ausencia de una política hídrica integral que aborde la gestión del agua de manera sistémica y holística. En lugar de decisiones aisladas que priorizan intereses económicos o industriales, se necesita un plan estratégico que incluya la protección de las fuentes de agua, la planificación del uso del suelo y la regulación de actividades industriales, agrícolas y mineras, entre otras. Esta visión debería tener como prioridad la sostenibilidad a largo plazo del recurso y el bienestar de las generaciones futuras.

Asimismo, es imprescindible fortalecer los mecanismos de control y supervisión sobre las concesiones que afectan a los recursos hídricos. Las licencias para la extracción de materiales o el vertido de efluentes deben someterse a estudios de impacto ambiental rigurosos, transparentes, constantes y periódicos, y las decisiones deben contar con el consenso de todas las áreas involucradas. Además, es necesario establecer un sistema de monitoreo continuo de la calidad del agua en toda la provincia, con especial atención a los cuerpos hídricos que abastecen a las poblaciones locales.

El manejo del “Oro Azul” en Entre Ríos requiere una reforma profunda en sus políticas de gestión del agua. La actual descoordinación entre las áreas estatales, la permisividad ante actividades que afectan negativamente al recurso hídrico y la falta de una visión integradora ponen en riesgo el futuro del agua en la provincia. Una política hídrica moderna debe centrarse en la protección de los ecosistemas acuáticos, la regulación estricta de los usos industriales y la implementación de medidas que aseguren la disponibilidad y calidad del agua para todas las formas de vida.

El primer alimento

El agua es, sin duda, el primer alimento del ser humano, y bajo esta premisa, debería ser considerada un bien no renovable, finito y escaso. Sin embargo, en la provincia de Entre Ríos, la situación del “Oro Azul” revela una preocupante indiferencia frente a la importancia crítica de este recurso. Mientras en otras regiones se valoran y protegen las fuentes hídricas, en Entre Ríos el agua parece ser tierra de nadie, utilizada sin miramientos en diversos sectores como el turismo termal, las playas, la industria, la producción agrícola y el saneamiento, sin una política clara de manejo integral.

En el ámbito rural, la falta de agua tiene efectos devastadores. Los pequeños y medianos productores se ven particularmente afectados por la escasez de agua, que provoca la muerte de animales y pone en peligro las cosechas. Esta incertidumbre hídrica perpetúa un ciclo de éxodo rural que desgarra el tejido social y económico, obligando a los productores a abandonar sus tierras, una situación que avergüenza la memoria de quienes lucharon por mantener sus hogares y su estilo de vida.

Los chacareros y colonos, desesperados, miran al cielo con la esperanza de una lluvia salvadora, mientras los dirigentes agropecuarios apelan a los legisladores nacionales y provinciales, presionando para que se declare emergencias agropecuarias. Estas declaraciones, aunque necesarias, son solo parches temporales a un problema estructural que se podría mitigar a través de soluciones permanentes, como la construcción de acueductos colectivos que permitirían gestionar el agua de manera más equitativa y eficiente.

La ironía es que, Entre Ríos es una provincia que cuenta con más de siete mil cuerpos de agua naturales; y, sin embargo, sigue dependiendo principalmente de las precipitaciones como fuente de suministro para la agricultura. Pero, la erosión es una de sus mayores amenazas.

A pesar de esta riqueza hídrica, no se ha implementado un sistema adecuado de riego artificial que pueda garantizar un suministro de agua constante en las épocas críticas. El riego por goteo, que podría beneficiar tanto a los pequeños como a los grandes productores, sigue siendo una excepción en lugar de la norma. En un contexto donde la sequía es recurrente y las pérdidas económicas alcanzan cifras millonarias, resulta inaceptable que la provincia no haya desarrollado un sistema de infraestructura que permita mejorar la retención de humedad en los suelos agrícolas.

Las consecuencias de esta falta de previsión son bien conocidas. La sequía, el agotamiento de las reservas de agua en el suelo y la evaporación excesiva disminuyen drásticamente los rendimientos de cultivos y la productividad ganadera. No estamos ante un fenómeno nuevo; la sequía es cíclica y recurrente en la provincia; y, sin embargo, cada vez que ocurre, los daños son considerables y afectan a toda la sociedad, desde los productores hasta los consumidores. Estas pérdidas, que se repiten con cada evento climático adverso, son el reflejo de una gestión inadecuada y la falta de planificación a largo plazo.

La creación de un sistema de riego eficiente y sostenible no solo ayudaría a mitigar los efectos de la sequía, sino que también fortalecería la productividad agrícola y ganadera, garantizando la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de la provincia. El agua, el “Oro Azul”, debe ser tratado como un bien estratégico, con políticas que prioricen su uso racional y su conservación a largo plazo.

En resumen, la crisis hídrica que enfrenta Entre Ríos no es solo consecuencia del cambio climático (que es real y concreto), sino también de una gestión deficiente y la falta de visión en el uso de los recursos hídricos. Se requiere una política hídrica integral que considere el agua como un recurso finito y esencial para la vida, y que proponga soluciones innovadoras que permitan su aprovechamiento responsable. Solo así se podrá garantizar un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras en Entre Ríos.

Contextos y perspectivas

Al considerar la provincia de Entre Ríos, resulta evidente que su nombre mismo denota una densa red de cursos de agua. Estos sistemas fluviales han sido determinantes en la configuración de la geografía regional, afectando profundamente su economía, pero más importante aún, desempeñando un papel fundamental en la identidad y cultura de sus habitantes.

Los ríos Paraná, Gualeguay y Uruguay, los más prominentes del territorio, no solo sostienen los núcleos urbanos más grandes, sino que también comandan subsistemas hídricos que abarcan la cuenca del Paraná, la cuenca del Uruguay, el Gualeguay y el Delta. En su totalidad, el territorio comprende más de siete mil cuerpos de agua, sin contar los cauces intermitentes que se activan con precipitaciones significativas.

A pesar de este vasto y potencialmente aprovechable recurso, Entre Ríos se enfrenta a un problema crítico: la ineficiencia en la gestión y aprovechamiento del agua, especialmente en escenarios de sequía recurrente y en otras por inundaciones periódicas. A lo largo de los ciclos de sequía, la falta de acceso y uso adecuado del agua causa impactos devastadores en múltiples esferas: afecta a la población humana, a la fauna, y a los sistemas agrícolas. Sin embargo, a pesar de esta situación crítica, miles de cursos de agua fluyen hacia el mar sin ser gestionados de manera eficiente, perdiendo un potencial de aprovechamiento que podría mitigar los impactos adversos del cambio climático y asegurar una mejor calidad de vida para la población.

En este contexto, es necesario cuestionar la falta de desarrollo institucional y normativo en la provincia. La ausencia de una ley que regule el uso eficiente del recurso hídrico es un vacío normativo que, en otras provincias, ha sido superado por la implementación de políticas de fomento. Como ejemplo comparativo, podemos observar el caso de la provincia de Mendoza, que debido a su escasez hídrica ha desarrollado un complejo sistema de obras hidráulicas y regulaciones legales que optimizan el uso del agua tanto para consumo como para la producción agrícola. Mendoza ha logrado consolidar sistemas de riego avanzados y acueductos que garantizan el uso sostenible del recurso hídrico, mientras que, Entre Ríos, a pesar de su abundancia, carece de una estrategia de manejo integral.

Este análisis revela una contradicción preocupante: la abundancia de recursos hídricos en Entre Ríos ha conducido, aparentemente, a una desvalorización de su importancia estratégica. Resulta difícil justificar que una provincia con tal riqueza en recursos naturales carezca de un ente regulador y de políticas formales para el manejo del agua. La falta de un marco legal y una institucionalidad fuerte en materia hídrica representa una amenaza tanto para el desarrollo económico como para la sostenibilidad ambiental.

Ante esta situación, es imperativo proponer la creación de una ley de agua específica para Entre Ríos, que no solo regule el uso del recurso, sino que también promueva iniciativas de fomento para su aprovechamiento integral. Dicha ley debería contemplar la implementación de sistemas de riego sostenibles y la construcción de infraestructuras adecuadas para garantizar el acceso al agua, particularmente en las zonas rurales donde la sequía tiene efectos más agudos. Asimismo, es fundamental la creación de una Secretaría o Ministerio del Agua, cuya misión sea centralizar la administración del recurso hídrico y coordinar los esfuerzos entre los distintos sectores que dependen de él.

En conclusión, el manejo del agua en Entre Ríos requiere una revisión crítica y la implementación de políticas de largo plazo que reconozcan el valor estratégico del recurso hídrico. Hay que refundar el área de Hidráulica de Entre Ríos.

Este análisis se presenta como una advertencia y una llamada a la acción: Entre Ríos, bendecida con una abundancia de agua, debe adoptar medidas urgentes para proteger y gestionar eficazmente este bien y este recurso, asegurando su disponibilidad para generaciones presentes y futuras.